Qué denunció el Gobierno sobre las pensiones por invalidez
El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló este viernes que el Gobierno descubrió «una actividad fraudulenta a gran escala» extendida durante las últimas administraciones nacionales con respecto al pago de pensiones por invalidez. La maniobra le habría costado al Estado un desvío de fondos de alrededor de U$S 3.400 millones.
Durante una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) registró que la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045 entre 2003 y 2015, y llegó a 1.222.000 beneficiarios en diciembre de 2023, lo que fue considerado por Manuel Adorni como un número «estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales».
El Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, encabezaron la auditoría en el organismo y encontraron cosas como que «la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez», de los cuales «el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días», relató el vocero presidencial.