El fiscal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas en la causa por enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti. La pesquisa ahora busca reconstruir viajes, gastos, cuentas bancarias, billeteras virtuales y seguros para determinar si el crecimiento patrimonial puede justificarse con los ingresos declarados.
La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con una batería de pedidos de prueba para profundizar el expediente por presunto enriquecimiento ilícito que también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti.
El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo mediante un decreto firmado este jueves. Después de los primeros avances vinculados a propiedades, donde aparecieron pagos por 380 mil dólares y deudas por otros 335 mil, ahora la fiscalía puso el foco sobre viajes, gastos personales y movimientos financieros del matrimonio.
Uno de los puntos centrales del expediente apunta a reconstruir cómo se pagaron distintos traslados y estadías. En ese marco, Pollicita pidió información a una agencia de viajes para conocer la modalidad de pago del vuelo con el que Angeletti regresó desde Nueva York hacia Buenos Aires tras acompañar a la delegación oficial durante la Argentina Week.
La Justicia ya tiene acreditado que la esposa del funcionario abonó su propio pasaje de regreso en primera clase de la aerolínea Delta, con un costo de 5.154 dólares. Ese episodio había sido investigado en otra causa que terminó archivada por el juez Daniel Rafecas al considerar que no existía delito.
La fiscalía también solicitó informes al hotel Llao Llao, en Bariloche, para determinar quién realizó la reserva y de qué manera se abonó la estadía de cinco noches que disfrutó el funcionario junto a Angeletti y sus dos hijos. Según trascendió, el viaje realizado a mediados de junio de 2024 habría implicado gastos cercanos a los 9 millones de pesos entre vuelos, hospedaje y otros consumos.
En el expediente se intenta establecer además por qué ese viaje se habría pagado recién tres meses más tarde. Los investigadores buscan saber si el depósito se realizó mediante cajero automático o por ventanilla, ya que esta última opción permitiría identificar directamente a la persona que efectuó el pago.
El fiscal también pidió librar oficios a distintos bancos para detectar posibles cuentas o tarjetas de crédito que todavía no fueron incorporadas al expediente. La misma medida alcanzó a billeteras virtuales y empresas proveedoras de servicios de activos digitales, en un intento por reconstruir todos los movimientos financieros del matrimonio.
A eso se sumó un pedido de información a compañías de seguros para acceder a datos sobre pólizas contratadas tanto por Adorni como por Angeletti. Todas esas medidas deberán ser evaluadas ahora por el juez Lijo, quien definirá si corresponde avanzar con cada una de ellas.
La investigación busca establecer si el actual jefe de Gabinete pudo sostener el incremento de su nivel de vida con los ingresos que declaró desde su llegada al Gobierno. Según consta en la causa, desde que asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 y hasta enero de este año mantuvo un salario congelado cercano a los 3,5 millones de pesos. Recién a comienzos de 2026 ese ingreso fue duplicado.
En paralelo, la situación patrimonial de Bettina Angeletti también quedó bajo análisis. Hasta el año pasado figuraba como monotributista en una de las categorías más bajas, mientras que actualmente encabeza la empresa Más Be, una consultora dedicada al coaching que también aparece mencionada en la causa judicial.
Otro de los elementos incorporados al expediente es la declaración jurada de Angeletti, documentación que ya fue entregada por la Oficina Anticorrupción aunque permanece bajo reserva, por lo que todavía no trascendieron detalles sobre bienes, ingresos o deudas.
El análisis final sobre la evolución patrimonial del matrimonio quedó en manos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo técnico de la Procuración General que deberá reconstruir ingresos, gastos y consumos habituales. Allí también se incluirán expensas, impuestos y costos de mantenimiento familiar que exceden las operaciones de mayor magnitud detectadas hasta el momento.
