Tras la caída de la ley ómnibus, el Gobierno del presidente Javier Milei inició su venganza fiscal contra los gobernadores con la eliminación de los subsidios al transporte para el interior del país, lo que, según las cámaras del sector, podría llevar el boleto de colectivo a alrededor de 800 pesos si los mandatarios provinciales no resuelven reemplazar ese gasto.
«A partir del corriente año, se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del País, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)», anunció este jueves un comunicado de la Secretaría de Transporte.
Según pudo saber El Destape de fuentes del Palacio de Hacienda, la eliminación del Fondo Compensador del Interior es inmediata. Es decir, ya no llegará un peso a las provincias para subsidiar el boleto de colectivo. El ajuste a los gobernadores es directo, ya que el FCI bajaba de Nación a las administraciones provinciales, de estas a los municipios y de los municipios a las empresas.
Lo que únicamente quedará como aporte del Estado nacional al interior serán los descuentos por la tarifa social, pero destinados directamente a los usuarios y no disponibles en donde no se utiliza la Red SUBE.
De este modo, las cámaras de transporte del interior entienden que si los gobernadores no deciden compensar con fondos propios la quita de subsidios de Nación el boleto pasaría a valer entre 750 y 800 pesos en las grandes ciudades como Córdoba o Rosario. Hoy en día, el boleto vale 340 pesos en ambas urbes.
En su comunicado, el Gobierno adujo que «estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones».
Pese a ese argumento oficial, en resumidas cuentas se trata de la primera medida concreta de ajuste fiscal a los mandatarios provinciales luego del fracaso de la Ley Bases en Diputados, por la cual el Gobierno salió a culpar directamente a los gobernadores mismos, tildando a algunos de ellos de «traidores».
De hecho, el jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, recordó que el Pacto Fiscal que menciona el Gobierno en el comunicado fue dejado sin efecto por el consenso fiscal firmado entre Nación y los gobernadores en 2021.
Las propias cámaras reclamaron, en los últimos meses, que dejara de subsidiarse la oferta para pasar a subsidiarse directamente a la demanda y cubrir así más proporción de costos con el precio del boleto. Es decir, prefieren depender del giro de dinero que les llega de la Red SUBE, con solo 24 horas de demora, y no de los giros de los subsidios del Gobierno, que son trimestrales y encima suelen demorarse.
Sin embargo, la eliminación repentina del Fondo Compensador del Interior las descolocó, forzándolas a tener que enfrentar repentinamente un fuerte aumento del boleto que podría bajar significativamente la demanda, o bien encarar una dura negociación con los gobernadores para el reemplazo de los fondos que quitó Nación. «Lo sacaron de un plumazo y claramente por la pelea entre el presidente y los gobernadores. Se cae a pedazos todo el sistema si no hay aumento de tarifa. No hay otra forma de solventarlo», señalaron con preocupación desde una cámara transportista a este portal. «Obviamente es un impacto económico para las empresas del interior», agregó otro empresario del sector.
