La Ley 27.801 reemplaza a la norma de 1980 y rige desde este 5 de septiembre. Crea un sistema específico para adolescentes de 14 a 17 años.
Hoy entra en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, Ley 27.801, que deja atrás el viejo decreto 22.278 de 1980. Fue sancionado el 27 de febrero con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, y promulgado por el Gobierno de Javier Milei con el Decreto 138/2026. Política
El cambio central es la baja de la edad de imputabilidad: de 16 a 14 años. Desde hoy, los adolescentes entre 14 y 18 años pueden ser juzgados por delitos previstos en el Código Penal.
La ley establece que el objetivo es promover la responsabilidad legal, la educación, la resocialización y la integración social. Prohíbe la prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de privación de libertad.
Qué penas prevé:
Amonestación, prohibición de acercamiento a la víctima, prohibición de asistir a lugares o espectáculos, prohibición de salir del país o del domicilio, prohibición de conducir, prestación de servicios comunitarios en hospitales o escuelas, monitoreo electrónico, reparación del daño y programas educativos y de formación ciudadana.
La privación de la libertad será el último recurso, por el tiempo más breve posible, y nunca con adultos. Podrá ser domiciliaria, en instituto abierto o en centro especializado para menores, con personal capacitado. Cumplidos los dos tercios de la condena, el juez podrá sustituirla por medidas alternativas.
Cuándo se puede evitar la prisión:
Si la pena no supera los 3 años, se podrá evitar la detención. También cuando la pena sea de 3 a 10 años, si no hubo muerte, ni grave violencia física o psíquica, y el adolescente no tiene otras condenas. En esos casos se priorizan medidas socioeducativas y la mediación penal.
Detención:
Los menores no compartirán alojamiento con adultos. Tendrán acceso a educación obligatoria, capacitación laboral y talleres deportivos y culturales.
Además, los padres serán civilmente responsables por los delitos de sus hijos y se mantiene la prohibición de difundir identidad: nombres, fotos, domicilio o parentesco de los adolescentes imputados. Si incumple una pena alternativa, el juez podrá imponer una sanción más severa.
