La noche del 17 de agosto, dos hombres vestidos de repartidores bajaron de una moto frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra y le dispararon cuatro veces a Nadia Beller, abogada boliviana de 33 años, embarazada. Sobrevivió porque se hizo la muerta. Horas más tarde, Fernando Cerimedo era detenido en el aeropuerto Viru Viru. Y cuatro días después, un juez boliviano lo imputó como presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio de la mujer que hasta esa noche era su pareja y dispuso 180 días de prisión preventiva en la cárcel de Palmasola.
El caso puso en agenda la vida de un personaje que suele moverse por los márgenes de la política y que llevaba un largo tiempo operando en Bolivia, aunque en su historial también tuvo polémicas en otros países. En 2020 y 2022 dijo haber trabajado en Chile para los plebiscito en los que se preguntaba si la sociedad estaba de acuerdo con reformar la Constitución. En 2021 se le adjudicó haber trabajado para José Antonio Kast y para Johannes Kaiser en 2025: nunca se aclaró qué servicios prestó ni quién le pagó, y el hermano de Kaiser lo negó.
En Brasil también estuvo. Tras la derrota de Bolsonaro contra Lula, difundió un informe titulado «Brasil foi roubado» con un documento apócrifo sobre las votaciones. El Tribunal Superior Electoral lo desmintió y la Justicia ordenó suspender las cuentas de La Derecha Diario en aquel país. La Policía brasileña lo acusó de integrar una «organización criminal» con milicias digitales, aunque al final la fiscalía no lo incluyó en la denuncia final.
Sus historias llegan hasta Honduras, donde habría trabajado para el presidente Nasry Asfura. En aquel país se lo acusó de querer alterar el resultado electoral. En Perú, Ecuador y Colombia se lo vinculó con Keiko Fujimori, Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella: no hay contrato acreditado con ninguno.
Si se mira más atrás en su historial de vida, hay más cuentos de gente que no lo conoce. Dijo tener beca y posgrado en Harvard, pero la universidad no tiene registro de él. Dijo haber sido senior advisor en la oficina de «International Affairs» de la Casa Blanca: esa oficina no existe. Dijo haber trabajado en la campaña de Obama: nadie lo conoce. Soltó que tenía un doctorado en Phoenix y que había entrenado con los Navy Seals. Incomprobable. Lo que sí figura en los registros laborales es otra cosa: empleado de una empresa de taxis de Mar del Plata en 2014, después una aseguradora, una fábrica de plásticos, y director creativo en McCann hasta 2018. Un currículum mucho más modesto que el que sale de su propia boca.
En casa
En Argentina tiene más historias. En marzo de 2016, el Juzgado Correccional N°3 de Mar del Plata lo condenó a dos años y medio de prisión en suspenso por defraudación y estafa: vendió el mismo departamento de la calle Chile 2218 a dos compradores distintos, con tres meses de diferencia. La condena permaneció enterrada hasta octubre de 2023, cuando ya era el segundo mayor aportante individual de la campaña de Milei, con 28 millones de pesos «en especies» declarados ante la Cámara Nacional Electoral. El aporte fue su asesoría.
Mientras vendía asesorías presidenciales, sus empresas estaban fundidas. Publicidad y Sondeos SRL, una empresa creada con su esposa Natalia Basil, que funciona con el nombre de fantasía Numen, debe 79,4 millones de pesos y figura en situación 5, «irrecuperable», en el Banco Central. También la Academia Numen, que emitió un cheque por 304 millones y rebotó.
Su ecosistema también entró al Estado. Su esposa Basil había sido designada directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Andis, sin antecedente alguno en discapacidad; renunció siete meses después invocando «serias diferencias» con Diego Spagnuolo, nueve meses antes de que estallaran los audios que hundieron al titular de la agencia. Y cuando estallaron, el primer testigo de peso que llevó el caso a los tribunales fue su marido: en septiembre de 2025, Cerimedo declaró y ratificó lo esencial de las grabaciones: que una droguería recibió una llamada avisando que «ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada», y que el circuito lo manejaba Eduardo «Lule» Menem, con destino final en Karina Milei. En esa misma declaración negó bajo juramento haber grabado a Spagnuolo o haber filtrado los audios. Fuentes cercanas a Spagnuolo sostenían por entonces que el ex funcionario estaba «convencido de que fue Cerimedo» quien lo grabó y entregó el material.
El abogado Gregorio Dalbón pidió que se investigara a Cerimedo y a Basil por encubrimiento; el planteo no prosperó, y cuando el Juzgado Federal 11 dictó los procesamientos en febrero de 2026, ninguno de los dos figuró entre los diecinueve procesados.
Alerta
Ahora, desde Bolivia llegaron novedades. Desde la clínica, Beller declaró que Cerimedo le confesó que él y Basil estuvieron detrás de la filtración y que le dijo que «la corrupta era la hermana de Javier Milei». Asegura conservar grabaciones que todavía no hizo públicas y que solo entregará a la Justicia. La diputada Marcela Pagano ya pidió al juez Ariel Lijo y al fiscal Picardi que la citen a declarar por videoconferencia y la incorporen al Programa Nacional de Protección a Testigos. Si lo hace, el expediente Andis pasará a tener una testigo que dice haber grabado a Cerimedo contando que él grabó a Spagnuolo. Bolivia abrió una caja de pandora para el consultor.
La vida económica de Cerimedo también es una incógnita. Hace tiempo vive en Puerto Madero y tanto él como su esposa, hasta el escándalo reciente, convivían en la torre Chateau. En Bolivia, entre oficinas, departamentos y una casa, le allanaron cinco inmuebles de La Paz y le secuestraron más de medio millón de bolivianos en efectivo -unos 40 mil dólares-, y también billetes verdes, euros, armas y equipamiento que los investigadores describieron como una «mini granja de bots». Se abrió una causa por enriquecimiento ilícito. Un cuarto operativo cayó sobre una casa de cambio por la que habrían pasado unos 400 mil dólares. Su defensa explicó el efectivo con un contrato con la Corporación Andina de Fomento. La CAF lo desmintió en un comunicado. El caso escaló de tal manera en el país vecino que obligó al presidente Rodrigo Paz a referirse al caso y dijo que Cerimedo «jamás» tuvo autorización para representar a la Presidencia.
El problema que tiene ahora Cerimedo es que su historial de mentiras no lo ayudan para construir credibilidad en este caso.
