Los 14 diputados opositores de la Comisión Libra presentaron este martes el informe final y concluyeron que «los hechos investigados hacen necesario que el Congreso evalúe si el Presidente incurrió en el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones».
El presidente del cuerpo, Maximiliano Ferraro, leyó el documento elaborado por sus miembros y consideró que «la información y el material probatorio reunidos confirma los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrotnes Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales». «El análisis técnico de las blockchain detectó flujos de fondos de dichos actores que coinciden con los montos y fechas señalados en investigaciones previas, que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen de Milei», argumentó.
El trabajo de los legisladores indica que los hechos analizados serían compatibles con la estafa, tal como la establece el Código Penal en su artículo 172. «El Presidente habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra», dice el informe.
Como argumento, los diputados señalan que «el Presidente publicó un número de contrato que no era de acceso público» pero «sigue sin explicar cómo lo obtuvo». «Ese dato refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda», denuncian.
Según Ferraro, ese marco da por tierra con las excusas de Milei. «Las declaraciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto carecen de sustento fáctico», expresó.
Pero, además, los opositores advierten que «la estafa Libra no constituyó un hecho aislado». El diputado por UP y secretario de la comisión, Juan Marino, agregó que hay que poner en la misma lista «una serie de antecedentes que son maniobras financieras presuntamente ilícitas, como los casos de CoinX, Vulcano y Kit Protocol, donde se repiten los mismos nombres: Milei, Terrones Godoy y Novelli».
Por eso, Marino alerta que el Criptogate «no es solo una presunta estafa sino un modus operandi que podría determinar otros tipos penales».
La comisión investigadora elaboró como hipótesis la planificación de «un ardid o engaño», a lo largo de un texto de 205 páginas.
También reparó en la resolución de la jueza neoyorquina Jennifer Rochon, fechada en octubre de 2025, cuyo texto indica que «los dueños de los fondos obtenidos con $LIBRA podrían ser Javier Milei y Karina Milei». «Se requiere una respuesta institucional acorde por parte de los poderes del Estado argentino», apuntó la comisión.
Los diputados afirman que los hermanos Milei «tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA», razón por la cual plantean la necesidad de que el Congreso evalúe si el Presidente incurrió en «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones».
Por lo demás, decidieron iniciar acciones penales contra los funcionarios del Poder Ejecutivo que obstaculizaron el acceso de los legisladores a la causa y entorpecieron la investigación, al tiempo que anticiparon que presentarán un recurso ante la Corte Suprema contra los agentes del Poder Judicial que denegaron el auxilio de la fuerza pública para asistir a los diputados y llevar a los funcionarios citados en un patrullero.
