El oficialismo en el Congreso decidió tomar el proyecto de 2024 para mantener la edad consesuada con la oposición y establecer el origen de los fondos que se utilizará para aplicar la legislación. Hoy se conocerán nombramientos en las comisiones clave
A un día de dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados,
el Gobierno decidió retirar el proyecto de baja de imputabilidad en menores que había enviado el lunes al Congreso, debido a que no contempla la edad que se había consensuado con la oposición en ambas cámaras,
y redactar uno en base al que habían tratado en el 2024, con las reformulaciones consensuadas con la oposición.
El oficialismo en la cámara baja terminará de redactar un proyecto ligeramente diferente al que había enviado este lunes desde el Poder Ejecutivo. Este decía que el límite para la punibilidad en menores era de 13 años, pero finalmente se respetó lo que se había conversado con diferentes bloques: la de bajar la edad desde los 16 hacia los 14 años.
“
Hubo una desinteligencia. Se retiró el proyecto y se va a mandar con la edad consensuada y con los orígenes de los fondos correspondientes. Sigue el plan de
conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.
La hoja de ruta prevista para los próximos días será la siguiente. Para conseguir el dictamen, La Libertad Avanza debe avanzar primero con la
constitución de las comisionesclave donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de esta jornada se formalizará la composición de la
Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que estará presidida por la diputada salteña
María Gabriela Flores (LLA). A las 11 se hará lo mismo con la
Comisión de Justicia, que quedaría en manos del correntino
Lisandro Almirón (LLA).
Reunión de comisión de diputados que analizaron el Régimen Penal Juvenil de agosto de 2024
La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11. Además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. En tanto,
la sesión en la Cámara de Diputados está prevista para el jueves cerca del mediodía.
Además de la modificación de la edad clave,
el proyecto incorporará un cambio pedido por la oposición: que se detallen el origen de los fondos para cumplir con las medidas para implementar la nueva normativa, que se estima en $23.739.155.303,08. Estas partidas se distribuirán entre el Ministerio de Justicia de la Nación y a la Defensoría General de la Nación.
El texto también habilita la posibilidad de acuerdos entre las provincias y la Nación para el
envío de partidas presupuestarias específicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones. Este último punto fue negociado desde el Ejecutivo y el mismo bloque de LLA en Diputados, presidido por el diputado nacional
Gabriel Bornoroni, quien fue el principal responsable de convencer internamente la necesidad de movilizar de manera exprés el debate y fijar la edad de imputabilidad en 14 años.
Pese a que ciertos sectores del oficialismo marcaban la necesidad de bajarla a los 13 años, la posición de opositores aliados al Gobierno como el PRO y la UCR ya estaba fijada en 14 años. “Ese fue el consenso”, marcaron a
Infobae. Así, el régimen penal juvenil presentado replica el espíritu del texto del año previo, proponiendo penas diferenciadas respecto del régimen penal adulto y sin posibilidad de reclusión perpetua.
El proyecto contempla una pena máxima de 15 años de prisión para los tipos delictivos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro; mientras que en la iniciativa dictaminada el año pasado esta barrera era de 20 años.
El presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Martín Menem
El enfoque del proyecto busca dar respuesta a las inquietudes sociales en materia de inseguridad asociada a adolescentes y desarticular posibles usos de menores como instrumentos para el delito, considerando que en la actualidad los menores de dieciséis años son inimputables.
El texto promueve medidas de resocialización como prioritarias. Para los menores de hasta quince años imputados por delitos graves, los jueces tendrán la potestad de dictar privaciones de libertad, aunque deberá prevalecer la reinserción social.
Los delitos menores quedarían sujetos a sanciones no privativas de libertad, incluyendo tareas comunitarias y la obligación de reparación del daño causado, evitando la institucionalización salvo como último recurso. El Gobierno también propone la creación de institutos especiales donde los menores condenados cuenten con garantías de acceso a la educación, atención médica y tratamientos en caso de adicciones, conforme a un personal especializado en infancia y adolescencia y con la prohibición de cualquier convivencia entre menores y adultos detenidos.
El texto subraya derechos reforzados para los imputados durante el proceso judicial: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y derecho a ser informados y escuchados en cada instancia, elementos que fueron motivo de debate presupuestario y que ahora aparecen previstos en la nueva estructura financiera del proyecto.
