El clima político se alteró con el sacudón del 26 de octubre. La victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas le dio al presidente Javier Milei el empuje que necesitaba para impulsar lo que él llama «reformas de segunda generación». Entre ellas, la prioritaria pareciera ser la reforma laboral, un proyecto que circula en versión borrador entre gobernadores, empresarios y algunos legisladores. El texto, que este medio tuvo a la vista, contempla desde la eliminación de indemnizaciones plenas hasta la posibilidad de que los empleadores pacten salarios «dinámicos» que suban o bajen según la situación de cada empresa.
En la reunión del jueves 30 de octubre en Casa Rosada, con 20 de los 24 mandatarios provinciales, Milei desplegó parte de su plan. «Hay consenso absoluto para avanzar con la reforma laboral», afirmó en declaraciones posteriores al canal A24. Los ausentes -por indicación presidencial- fueron los gobernadores peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). El Presidente completó el desplante con una bravuconada: «No nos podemos juntar con gente a la que dos más dos, no le da cuatro».
El borrador del diablo
La intención del gobierno es construir un frente político sin oposición que acompañe en el Congreso las modificaciones que antes fracasaron en la Ley Bases y quedaron frenadas por la Justicia cuando se intentaron vía DNU 70/2023.
El diablo está en los detalles. El documento que circula entre provincias y cámaras empresarias retoma gran parte de lo que Milei intentó imponer en diciembre de 2023 y que la movilización sindical logró frenar. El proyecto ataca la estructura básica del derecho laboral argentino en varios frentes simultáneos.
La reforma propone priorizar los convenios por empresa sobre los de actividad. Bajo el argumento de «individualizar condiciones laborales según las particularidades de cada compañía», el gobierno busca fragmentar la negociación colectiva y debilitar el poder de los sindicatos nacionales. En la práctica, esto abre la puerta para que cada empresa pacte condiciones a la baja, rompiendo los pisos salariales y normativos que hoy establecen los convenios de rama.
La eliminación de la ultraactividad constituye otro golpe al movimiento obrero. El borrador sustituye el artículo 6° de la Ley 14.250 para establecer que los convenios vencidos sólo mantendrán vigentes las «cláusulas normativas» (condiciones de trabajo), pero únicamente «hasta tanto entre en vigencia una nueva convención o exista un acuerdo de partes que la prorrogue». Las cláusulas obligacionales —que incluyen compromisos de capacitación, regulación de carrera interna, entre otros— caerán automáticamente al vencer el plazo. La medida apunta a presionar a los sindicatos: o aceptan nuevas condiciones en tiempo récord o pierden derechos conquistados.
Los llamados «salarios dinámicos» representan otra novedad de riesgo. El proyecto habilita la incorporación de «componentes retributivos dinámicos adicionales de naturaleza variable» que contemplarían «el mérito personal del trabajador, la situación económica de la empresa y la actividad». Estos componentes —cuya evaluación quedaría en manos del empleador— no generarían derecho adquirido: el texto especifica que «no podrán resultar de aplicación a su respecto la continuidad tácita, la ultraactividad ni la costumbre». La arbitrariedad patronal tendría carta blanca para definir quién merece cobrar más y quién no.
El capítulo sobre formas de pago también innova en flexibilización. El borrador habilita pactar sueldos en la moneda que se convenga e incluso abre la puerta al pago en especie. Si bien el nombre «ticket canasta» no aparece explícito, la ley regula exhaustivamente las «prestaciones de alimentación» bajo la figura de «beneficios sociales no remunerativos». Eso sí: estos importes monetarios para comidas fuera del establecimiento no pueden superar el 10% de la remuneración mensual para mantener su carácter no contributivo. La operación busca distraer conceptos del salario imponible para reducir cargas sociales.
El sistema de «banco de horas» legaliza jornadas extendidas bajo el manto de la «flexibilidad». El artículo 197 bis del proyecto permite que las convenciones colectivas establezcan regímenes donde se compensen horas extras con descansos en otros momentos. La única restricción: respetar las 12 horas de descanso entre jornada y jornada. En la práctica, esto habilita jornadas de hasta 12 horas consecutivas, siguiendo el modelo griego que la reforma toma como inspiración.
La figura del «colaborador independiente» busca legalizar la informalidad en microempresas. Bajo el concepto del emprendedurismo, se crearía la categoría de trabajador independiente con colaboradores: independientes que contratan hasta cinco trabajadores, también como independientes. La operación es simple: transformar relaciones laborales en contratos comerciales para eludir todas las obligaciones patronales.
El tiro de gracia viene con el fin de la indemnización tradicional. El nuevo régimen habilita a los empleadores a constituir un sistema de capitalización —denominado «Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral»— que sustituiría la indemnización por antigüedad. El trabajador aportaría mensualmente a un fondo que, en caso de despido, cubriría las obligaciones patronales. El mecanismo traslada el costo del despido del empleador al empleado y convierte un derecho en un seguro privado.
El gobierno hace pie en que casi la mitad de los trabajadores hoy no tienen los derechos bajo acecho. El presidente ensayó la trampa dialéctica durante los frontones que mantuvo con comunicadores afines luego del triunfo electoral. “La baja del costo laboral permitirá que el 40 por ciento de los trabajadores que está en la informalidad pase a ser formalizado”, dijo Milei ante interlocutores que lo dejan mentir a discreción. Al contrario de lo que promete el gobierno, la experiencia internacional muestra que estos sistemas terminan precarizando al extremo las condiciones de trabajo, ampliando la pauperización remunerativa y vulneración laboral a los trabajadores en su conjunto. Formaliza lo que hoy transcurre en la informalidad.
La CGT en su laberinto
El mismo jueves que los gobernadores se reunían en Casa Rosada, la mesa chica ampliada de la CGT se juntaba en la sede de la UOCRA que conduce Gerardo Martínez. La extensa reunión, de más de tres horas, tuvo dos ejes: la renovación de autoridades prevista para el 5 de noviembre y la estrategia frente a la reforma laboral. Las diferentes corrientes internas —la dialoguista encabezada por Héctor Daer y la combativa que lidera Pablo Moyano— aplacaron el debate por las nuevas autoridades y acordaron «sostener la unidad a fuego».
Las dos posiciones quedaron expuestas en las declaraciones públicas. Siempre contemplativo, Daer afirmó: «Si la reforma laboral es progresiva es una cosa, nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo». Por su parte Abel Furlán, del sindicato de metalúrgicos, llamó a «una reacción concreta» y advirtió que «todas las estrategias estarán sobre la mesa: desde medidas gremiales hasta instancias de diálogo con gobernadores y legisladores».
La central obrera pretende hacer equilibrio en una posición delicada. Por un lado, enfrenta una crisis de representación: la mitad de los trabajadores argentinos está en la informalidad, argumento que usa Milei para justificar la reforma. Por otro lado, debe lidiar con sus propias divisiones internas en un momento en que el gobierno busca aislarla políticamente con el argumento de que «defiende privilegios de los que están adentro» del mercado formal. La narrativa de “casta” de la que se sirvió el presidente en la exitosa campaña del 2023.
La resistencia silvestre
Mientras la CGT define su estrategia y el gobierno negocia con gobernadores, en la base del movimiento obrero estallan conflictos que no respetan calendarios electorales ni treguas políticas. El viernes 31 de octubre, trabajadores del Hospital Garrahan tomaron las oficinas de la Dirección Médica en rechazo a descuentos de entre 300.000 y 500.000 pesos aplicados a enfermeras, instrumentadoras y docentes por los días de paro que realizaron en octubre. «No nos vamos a ir hasta que depositen los fondos», advirtió Norma Lezana, Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT).
El conflicto del Garrahan es emblemático: el Presidente había prometido aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica sancionada por el Congreso, pero luego decidió no hacerlo «por falta de fondos».
En Berisso, el conflicto de Acerías espiralizó en la semana post electoral. Los trabajadores de la metalúrgica, que habían tomado la planta el 23 de octubre por salarios adeudados y amenazas de despido, se encontraron el 30 de octubre con que la empresa estaba vaciando las instalaciones pese a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. «Están retirando materiales, no respetan la conciliación y las puertas siguen cerradas», denunció Pablo Acuña, de la Unión Obrera Metalúrgica regional La Plata. La empresa, que adeuda más de 3.000 millones de pesos en créditos y no deposita los aportes jubilatorios desde hace años, representa otro caso de precarización que se profundiza bajo el discurso de la «modernización laboral».
El mapa de la conflictividad se extiende por todo el país. En Santa Fe, los 250 trabajadores de Algodonera Avellaneda —perteneciente al grupo Vicentin— permanecen sin cobrar desde octubre. La planta está paralizada desde agosto y opera al 30% de su capacidad. «No cobramos la quincena de octubre. La empresa dice que no tiene materia prima y con esa firma no tenemos garantías de seguir trabajando», declaró Juan Carlos Bandeo, delegado del Sindicato de Textiles de Reconquista. El diputado provincial Joaquín Blanco, que recibió a los trabajadores en la Legislatura, fue contundente: «Hay muchas empresas a nivel nacional trabajando con reducción de horarios. El sector está quebrado. La apertura de las importaciones hizo mucho daño».
En el sector aceitero, el conflicto salarial entre trabajadores y la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) sigue estancado tras tres reuniones en la Secretaría de Trabajo. Los trabajadores reclaman un salario básico de $2,3 millones, mientras la patronal insiste en actualizaciones según el índice de inflación mensual del INDEC. Daniel Succi, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, advirtió: «Hace dos meses que venimos arrastrando esta discusión. Cuando nos tocan el bolsillo, los trabajadores nos unimos y salimos a defender lo nuestro». La conciliación obligatoria se extendió hasta el 6 de noviembre. Si no hay acuerdo, los aceiteros avanzarían con un paro a partir del 5 de noviembre.
En San Isidro, los trabajadores municipales de salud mantienen desde octubre un paro activo en los tres hospitales y los Centros de Atención Primaria. El Sindicato de Trabajadores Municipales, que conduce Omar Arce, reclama «mejoras salariales reales, cumplimiento de los acuerdos paritarios y condiciones laborales dignas». También denuncian la precarización de trabajadores municipales que «siendo monotributistas no poseen aguinaldo, ni obra social ni gozan de antigüedad». El 31 de octubre, la protesta escaló con una movilización que culminó con el ingreso de los trabajadores a las oficinas de Espacio Público. Desde el sindicato señalaron el «hartazgo» del personal y destacaron que «el Ejecutivo no recibe a los trabajadores» pese a que el reclamo viene desde junio.
Estos conflictos no son casos aislados. Constituyen la creciente expresión territorial de un proceso de ajuste y saqueo extractivo que el gobierno se propone profundizar tras el envión electoral.
